En nueva arremetida ante el TC, Chile Vamos objeta más de 60 artículos del proyecto laboral

Tema obligado será hoy en el comité político de La Moneda y en los almuerzos de coordinación de Hacienda y Trabajo el nuevo requerimiento contra la reforma laboral que Chile Vamos presentó ayer en el Tribunal Constitucional. Esta vez, la derecha objetó más de 60 disposiciones del proyecto, que actualmente es sometido al control preventivo obligatorio de la instancia tras la aprobación en el Congreso del veto presidencial que puso fin al quórum para negociar y suprimió tres de los cinco pactos de adaptabilidad.

La oposición quedó molesta con la mantención de dos pactos con titularidad, pese a que no los cuestionó en el primer requerimiento presentado al TC, y con la desregulación de los grupos negociadores, por lo que, tal y como lo advirtió durante el trámite legislativo del veto, objetó una vez más la iniciativa, acusando al gobierno de "desacato" por la adaptabilidad pactada y de "desconocer el efecto vinculante" del fallo del tribunal.

"El proyecto contraviene el contenido explícito de la sentencia del tribunal e infringe, nuevamente, los derechos fundamentales que el TC consideró atropellados en esa oportunidad", consigna el escrito, elaborado por los abogados Gastón Gómez y Francisco Cañas, con el apoyo de los asesores de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN).

La derecha busca "barrer" del proyecto cualquier referencia sobre los sindicatos, por lo que solicitó al TC eliminar este concepto en más de 60 incisos del texto, en los artículos relativos al fuero de los trabajadores afiliados a un colectivo sindical, los beneficios del contrato colectivo, las modificaciones del mismo acuerdo, las negociaciones reglada y semi reglada, el derecho a la información, a la libre afiliación, la comisión negociadora sindical, la mediación, las votaciones en la huelga, la calificación de servicios mínimos, entre otros.

Para argumentar su solicitud, los senadores de oposición utilizan el considerando 63 del fallo que eliminó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación, que establece que "las constataciones de inconstitucionalidad a las que llegó el tribunal son incompatibles con cualquier disposición transitoria o accesoria a las normas impugnadas en el requerimiento y que fueron declaradas inconstitucionales".

El requerimiento asegura que "el proyecto persiste en reconocer una titularidad desviada de la sentencia del tribunal" y acusa a la presidenta Michelle Bachelet de "desconocer las consideraciones, razones y fundamentos vertidos en ese fallo, aparentando acatarlo, pero sólo eliminando las disposiciones declaradas inconstitucionales". Como legislar sobre negociación colectiva es de exclusiva atribución del Ejecutivo, agrega el escrito, sólo la mandataria puede dar inicio a un proyecto de ley correctivo o un veto aditivo.

"Nosotros recurrimos hace más de un mes para que quedara establecido que, en nuestra legislación laboral, el derecho a la negociación colectiva lo tienen tanto los sindicatos como los grupos negociadores", expresó el senador Allamand.

La defensa del gobierno

Desde el Ejecutivo, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que la presentación de la derecha es "una actuación política".

El presidente de la Cámara, el diputado socialista Osvaldo Andrade, concordó y expresó que Chile Vamos tiene "mucha creatividad constitucional" al presentar un "inédito requerimiento por omisión".

El abogado que lideró la defensa de la reforma laboral en el TC, Francisco Tapia, criticó el nuevo requerimiento y sostuvo que el Ejecutivo sí cumplió con el dictamen del tribunal al eliminar los artículos e incisos objetados.

El jurista sostuvo que "la pretensión de los parlamentarios de derecha es extemporánea, puesto que lo que pretenden es impugnar la constitucionalidad de prácticamente toda la ley, lo que debieron hacer una vez despachada ésta por el Congreso".

Debe recordarse, agregó Tapia, "lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a la magistratura ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido, en virtud de la Constitución y de las leyes. Es el caso".

Bachelet anuncia envío de ley de educación superior

Con el anuncio sobre el envío hoy del proyecto de Educación Superior al Congreso, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio por cerrado anoche el ciclo de las leyes de la Gran Reforma Educacional que inició en 2014.

En cadena nacional, la mandataria pidió altura de miras para el debate legislativo y precisó los pilares del nuevo sistema propuesto: Primero, dijo, se consagra y refuerza el carácter mixto de la educación superior, donde conviven instituciones estatales con privadas; segundo, se crea una nueva institucionalidad, con una subsecretaría y una superintendencia y un consejo de la Calidad, con la fuerza para exigir el cumplimiento de estándares de excelencia que las familias esperan. También se establece la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación superior y se crea un nuevo marco de cualificaciones para que cada título refleje y asegure los conocimientos y capacidades que se promete.

En tercer lugar, expuso Bachelet, "para asegurar que sea el talento y no el dinero lo que permita el acceso a la educación superior, estamos proponiendo un marco claro de financiamiento público".

"Sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento", admitió. Pero, acotó, "en democracia, las diferencias están para discutirse, no para paralizarnos".